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Crisis en el Mercado Inmobiliario:

Alerta a Locadores

Diario de Los Andes  |  Noviembre de 1996

 

Ante la grave crisis por la que está atravesando el mercado inmobiliario en materia de locaciones en nuestra provincia, las personas para facilitar la contratación tratan de evitar solicitar la información de profesionales en la concertación de los mismos para disminuir costos.

Los profesionales más adecuados para el estudio y confección de los contratos de locación como así mismo para asesorar a las personas respecto a la forma correcta de determinar en forma cierta la identidad y domicilio de los posibles inquilinos y sus garantes, son los abogados, ya que son ellos los que conocen y sufren los avatares de las causas judiciales fracasadas o abandonadas por no tener notificar a los inquilinos y sus garantes, como así también la imposibilidad de iniciar un juicio de desalojo y cobro de alquileres (lo que incluye expensas no pagadas, boletas abultadas de teléfono, servicios, etc.), por no encontrarse sellado el respectivo contrato lo que se hace mucho más oneroso con el transcurso del tiempo porque la Dirección General de Rentas cobra multas muy importantes  cuando ha transcurrido el plazo de diez días.

Además, los abogados tienen acceso a los registros respectivos para solicitar los informes de las personas y los bienes para conocer el estado actual de cosas, tramites que no pueden realizar los particulares porque no están facultados.

La función del abogado en esta etapa debe ser vista en forma preventiva de conflictos futuros insolubles con consecuentes pérdidas de dinero importantes.

También los particulares evitan la intervención de martilleros los que sin duda realizan una función no solamente de acercamiento de la oferta y la demanda si no que conocen las prevenciones mínimas a tomar para la celebración de una locación (averiguar datos, solicitar certificados, etc.).

Aprovechando éstas circunstancias descriptas se han detectado recientemente numerosos casos de propietarios que son víctimas de personas que celebran contratos de locación con nombres y domicilios falsos, el día menos pensado abandonan el inmueble dejando, por ejemplo, una boleta de teléfono que cuesta casi como el inmueble o llevándose todos los accesorios del inmueble (puestas, calefón, sanitarios, etc.) lo que nos llevó a la necesidad de poner en conocimiento de la población que para el caso de que celebren contratos de locación sin intervención de profesionales (abogados, martilleros) realicen todos los actos necesarios para determinar el nombre y domicilio ciertos de las personas con quienes contratan (inquilinos, garantes), verificándolos personalmente. Es de mucha utilidad solicitar dos o más domicilios donde localizar a las personas. Este tipo de conductas ilícitas perjudica tanto a propietarios como a inquilinos que obran de buena fe y es por esa razón que recomendamos a la población que denuncie estos hechos para que sean conocidos por todos para poder prevenirlos. La gente generalmente no denuncia porque lo que les interesa cuando recurren al abogado es recuperar rápidamente la propiedad para volver a alquilarla “rápidamente” y cobrar lo que le adeuda el inquilino o “no quieren alquilarla más”, la conducta ilícita no les interesa y esto es grave para una sociedad que no solamente quiere crecer sana y fuerte, sino que también tiene una grave crisis en el mercado inmobiliario.

 

Crisis en el Mercado Inmobiliario: Alerta a Locadores

Diario de Los Andes  |  Noviembre  de 1996

 

Ante la grave crisis por la que está atravesando el mercado inmobiliario en materia de locaciones en nuestra provincia, las personas para facilitar la contratación tratan de evitar solicitar la información de profesionales en la concertación de los mismos para disminuir costos.

Los profesionales más adecuados para el estudio y confección de los contratos de locación como así mismo para asesorar a las personas respecto a la forma correcta de determinar en forma cierta la identidad y domicilio de los posibles inquilinos y sus garantes, son los abogados, ya que son ellos los que conocen y sufren los avatares de las causas judiciales fracasadas o abandonadas por no tener notificar a los inquilinos y sus garantes, como así también la imposibilidad de iniciar un juicio de desalojo y cobro de alquileres (lo que incluye expensas no pagadas, boletas abultadas de teléfono, servicios, etc.), por no encontrarse sellado el respectivo contrato lo que se hace mucho más oneroso con el transcurso del tiempo porque la Dirección General de Rentas cobra multas muy importantes  cuando ha transcurrido el plazo de diez días.

Además, los abogados tienen acceso a los registros respectivos para solicitar los informes de las personas y los bienes para conocer el estado actual de cosas, tramites que no pueden realizar los particulares porque no están facultados.

La función del abogado en esta etapa debe ser vista en forma preventiva de conflictos futuros insolubles con consecuentes pérdidas de dinero importantes.

También los particulares evitan la intervención de martilleros los que sin duda realizan una función no solamente de acercamiento de la oferta y la demanda si no que conocen las prevenciones mínimas a tomar para la celebración de una locación (averiguar datos, solicitar certificados, etc.).

Aprovechando éstas circunstancias descriptas se han detectado recientemente numerosos casos de propietarios que son víctimas de personas que celebran contratos de locación con nombres y domicilios falsos, el día menos pensado abandonan el inmueble dejando, por ejemplo, una boleta de teléfono que cuesta casi como el inmueble o llevándose todos los accesorios del inmueble (puestas, calefón, sanitarios, etc.) lo que nos llevó a la necesidad de poner en conocimiento de la población que para el caso de que celebren contratos de locación sin intervención de profesionales (abogados, martilleros) realicen todos los actos necesarios para determinar el nombre y domicilio ciertos de las personas con quienes contratan (inquilinos, garantes), verificándolos personalmente. Es de mucha utilidad solicitar dos o más domicilios donde localizar a las personas. Este tipo de conductas ilícitas perjudica tanto a propietarios como a inquilinos que obran de buena fe y es por esa razón que recomendamos a la población que denuncie estos hechos para que sean conocidos por todos para poder prevenirlos. La gente generalmente no denuncia porque lo que les interesa cuando recurren al abogado es recuperar rápidamente la propiedad para volver a alquilarla “rápidamente” y cobrar lo que le adeuda el inquilino o “no quieren alquilarla más”, la conducta ilícita no les interesa y esto es grave para una sociedad que no solamente quiere crecer sana y fuerte, sino que también tiene una grave crisis en el mercado inmobiliario.